Ley contra la explotación laboral en México

En junio de 2024, en México entró en vigor una reforma relevante a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Su Artículo 21, reformado, establece por primera vez la explotación laboral como un delito sancionado con prisión y días multa.

Según la norma vigente, a partir del 7 de junio de 2024:

• Se considera explotación laboral cuando una persona obtiene beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el uso del trabajo ajeno.

• Implica sometimiento a prácticas que hieren la dignidad, tales como jornadas de trabajo por encima de las legales.

• Las sanciones incluyen entre 3 y 10 años de prisión, además de 5,000 a 50,000 días multa.

• Si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, la pena aumenta a 4–12 años y 7,000–70,000 días multa.

  
  

¿Qué constituye jornada excesiva?

La Ley Federal del Trabajo establece límites claros:

• Jornada normal máxima: 48 horas semanales.

• Tiempo extra permitido: máximo 3 horas diarias y no más de 3 veces por semana (Ley Federal del Trabajo, artículos 61 y 66).

  
  

Superar estos límites laborales sin el pago correcto no solo es una infracción administrativa; puede ser considerado explotación laboral y ser penalmente sancionable.

¿Por qué la reforma contra la explotación laboral es importante?

Esta reforma es importante porque representa un avance significativo en la protección efectiva de los derechos laborales, al establecer consecuencias penales reales para quienes los violen. Además, promueve la equidad y la dignidad al reconocer la necesidad de remunerar conforme a la ley y erradicar condiciones abusivas en el trabajo.

También implica una mayor responsabilidad para los empleadores, al obligarlos a revisar con rigor sus políticas de horarios, registro de jornada y pagos, asegurando así un entorno laboral justo y conforme a la normativa vigente.

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• Evaluar y alinear las políticas internas con la normativa vigente.

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